El presente estudio aborda el tema de la inactividad de la Administración en la ejecución de sus actos administrativos firmes, regulada en el artículo 29.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJ). Es una nueva vía abierta por el ordenamiento procesal administrativo para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos afectados por la inejecución de los actos de la Administración Pública. A su servicio se pone el procedimiento abreviado del artículo 78 LJ, que habilita para condenar a la Administración a la ejecución de sus actos. La aplicación judicial ha permitido conocer las características que configuran el ejercicio de la acción. Al hilo de la explicación institucional que se expone en este libro sobre la llamada «inactividad ejecutiva», podremos observar la variedad de las materias que se acogen a esta vía, nuevas interpretaciones jurídicas de preceptos sustantivos y procesales, conexiones normativas que producen sinergias, etc. Así acontece con dicho precepto: un despliegue de efectos jurídicos nuevos, o «viejos», como el de la ejecutividad de los actos administrativos, pero que salen fortalecidos y constituyen una nueva muestra de tutela judicial de esos derechos e intereses. Con el recurso jurisdiccional frente a la inactividad en la ejecución de actos se da un paso importante en la eliminación de esta anomalía de nuestro estado de derecho que es la inactividad de la Administración. Sus resultados ya pueden apreciarse en un conjunto jurisprudencial extenso y variado, y abierto a complementos y explicaciones en la definición jurisdiccional de la legalidad.