El ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de sujetos privados plantea varios problemas jurídicos característicos a los que el Derecho público debe ofrecer una respuesta adecuada. Ello exige reconsiderar ciertos extremos de la configuración normativa de la expropiación forzosa como institución de Derecho público, en la cual el beneficiario ocupa un lugar central en tanto que sujeto que encarna al interés público a que la expropiación, como instrumento, viene a servir. La concepción del beneficiario como sujeto favorecido por la producción de un daño legítimo o autorizado por el ordenamiento, así como la integración sistemática de la potestad expropiatoria en el marco que proporcionan el Derecho constitucional, el Derecho europeo y el Derecho administrativo general y sectorial, permiten ofrecer un modelo dogmático parcialmente renovado de la expropiación forzosa y de la figura subjetiva de su beneficiario. Modelo éste que resulta acorde con las dos funciones principales que al Derecho administrativo corresponde desempeñar: proteger los derechos individuales frente al poder, y procurar la actuación eficaz de la Administración en la tutela y promoción de los intereses generales.