En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la llamada«Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», fijando diecisieteobjetivos y, al hilo de estos, ciento sesenta y nueve metas. De losdiferentes objetivos señalados en ella, todos ellos relevantes, cabedestacar el penúltimo de ellos, consistente en Promover sociedadesjustas, pacíficas e inclusivas, una de cuyas metas ûla tercera de lasdoce que refiereû es la de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a lajusticia para todos. Tan ambicioso propósito pasa ineludiblemente porgarantizar la necesaria asistencia jurídica a quienes carezcan desuficientes medios económicos para procurar la tutela de lostribunales, por favorecer que, cumplidos determinados requisitos,puedan ejercitarse acciones colectivas para defender los derechos eintereses de los consumidores, y por asumir que el Estado debegarantizar el acceso a la justicia, entendiendo que ello implicagarantizar tanto el acceso a la jurisdicción como a otros medios degestión de conflictos igualmente civilizados y aptos para ayudar asolventar las disputas de carácter jurídico que surjan en el seno dela sociedad. Si ello es así, si se considera que conseguir solucionesjustas no es patrimonio exclusivo de la Administración de Justicia,que no obstante es la única que garantiza una respuesta ajustada alordenamiento jurídico, resulta forzoso concluir que resultaimprescindible regular y ofrecer a los ciudadanos procesosjurisdiccionales plenarios, declarativos y contradictorios que, sinmerma de las debidas garantías, aceleren, abaraten y simplifiquen laresolución de determinados asuntos de índole civil y mercantil, a lapar que otros instrumentos que les permitan alcanzar por sí mismossoluciones razonables a los problemas de carácter disponible que lesenfrenten con otros. Conscientes de ello, las autoridades europeas han regulado en los últimos años diferentes procesos civiles con lafinalidad de ofrecer a los ciudadanos que tienen su residencia odomicilio habitual en los países que la integran un espacio común dejusticia que favorezca un acceso sencillo y efectivo a esta en asuntos transfronterizos. Uno de ellos es el llamado proceso europeo deescasa cuantía que, pese a que entró en vigor hace ya casi quinceaños, sigue siendo un gran desconocido en España. En la presente obraanalizamos con detalle su procedimiento, sus características másdestacadas, su aplicación en nuestro país, sugiriendo algunos cambios, y formulamos diversas propuestas de mejora de cara a una próximarevisión de su funcionamiento por los organismos comunitarios.Asimismo examinamos su realidad en nuestro territorio a partir de lasbases de datos que proporciona el Consejo General del Poder Judicial,tanto a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) como delservicio de estadística judicial de dicho órgano constitucional,detallando los resultados por comunidades autónomas, años y juzgados,distinguiendo al efecto los tramitados por juzgados de primerainstancia, juzgados de primera instancia e instrucción y juzgados delo mercantil.
