Estamos ante un complejo sistema compuesto por un sistema judicial y extrajudicial para la solución de los conflictos de trabajo. A su vez, este último está compuesto, de un lado, por procedimientos administrativos y, de otro, por convencionales, por lo que la coordinación de todos ellos no es nada fácil. Asimismo, esta complejidad obedece a razones históricas, no existe una regulación legal que abarque la regulación y encaje entre unos y otros mecanismos resolutorios, lo que implica un debilitamiento de los sistemas de solución extrajudicial en favor de los procedimientos judiciales. La vigente regulación legal del sistema de solución extrajudicial de los conflictos laborales suscita una serie de problemas y dudas interpretativos que afectan: a la equiparación entre los procedimientos de conciliación y mediación. Al objeto de los procedimientos de solución extrajudicial, esto es, a los posibles conflictos laborales que pueden ser sometidos para su resolución. A la eficacia de las soluciones alcanzadas en sede extrajudicial. A la regulación de los plazos de impugnación de los acuerdos mediadores y laudos arbitrales alcanzados en relación a un conflicto colectivo, y, finalmente a las reformas legales necesarias relativas a todas aquellas cuestiones procesales que inciden en la regulación de los procedimientos de solución extrajudicial. Todo lo expuesto con anterioridad pone de manifiesto un ""Marco legal insatisfactorio"" que pone de relieve la necesidad de alcanzar un marco jurídico mejor dotado de seguridad jurídica.