Cuando estas páginas vean la luz, habrá concluido la X legislatura de España y al igual que sucedió con la anterior, no se habrá acometido ninguna reforma de entidad en el sistema de guarda legal de las personas con discapacidad. Ello puede obedecer a la complejidad de una tarea que no va acompañada de demasiados réditos electorales, pero también puede deberse al convencimiento de que el sistema actual es adecuado, siempre y cuando se interprete conforme a los postulados de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006; criterios muy útiles para esta labor interpretativa siguen siendo los de la decisiva sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009, recogidos y enriquecidos en otros pronunciamientos posteriores. En este contexto se entiende la necesidad de una labor de estudio y reflexión sobre la dirección hacia la que se encamina nuestro sistema. Esta monografía efectúa un análisis global de la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Convención. De modo particular, se analiza la compatibilidad con la Convención de las dos figuras de protección con mayor raigambre histórica y jurídica en España: tutela y curatela. En dicha tarea, resulta de especial interés el papel que en esta obra tiene el análisis de la jurisprudencia reciente, en especial de la Sala Primera del Tribunal Supremo, pero también de la jurisprudencia menor, que en muchos casos, arroja interesantes y sugerentes luces sobre estos problemas.