Los tributos son la principal vía de financiación del sector público. Así lo evidencian el artículo 31.1 de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007, al exigir que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en una serie de principios básicos de justicia. En un modelo de organización territorial estructurado en tres niveles de gobierno (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) y condicionado, además, por la pertenencia a la Unión Europea, la configuración de ese deber de contribuir presenta especial complejidad. Por otro lado, el funcionamiento transparente de un Estado social y democrático de Derecho demanda que los ciudadanos puedan conocer el destino final de las cantidades que satisfacen por los diferentes tributos, así como el ente o entes públicos que han intervenido en la fijación de la carga tributaria. En esta obra analiza, desde una triple perspectiva, el sistema tributario como fuente nutricia de los tres niveles de Hacienda. En primer lugar, se estudia el modelo de distribución de los ingresos tributarios. En segundo término, se delimitan las competencias respectivas del Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes locales para el establecimiento y regulación de los tributos. Por último, se presta atención al reparto de competencias administrativas para la exigencia o aplicación de los tributos.