El Derecho penal ampliamente entendido, es decir, como el Derecho del Sistema penal, empieza por el Derecho policial en su vertiente de subsistema jurídico que en la práctica marca la selección de los supuestos que van a dar pie al despliegue de los mecanismos de sanción legalmente previstos. Siguiendo los planteamientos político-criminales de una determinada sociedad, la Policía procede a dar los primeros pasos de la lucha contra la delincuencia determinando, de acuerdo al catálogo legal, qué sujetos y qué hechos van a, o pueden, ser sometidos a enjuiciamiento. Esta fase, fuertemente informal, apenas sin regulación legal, máxime si se compara con el detalle casi extenuante de otras prácticas oficiales, no lo es así por casualidad. Por ello, para el autor, Catedrático de Derecho penal y Abogado, esta fase de combate contra el delito debe acontecer dentro de lo que en una sociedad democrática se entiende por eficacia: mantenimiento a raya de aquél con pleno respeto de los derechos fundamentales, constitucionales y legales, de la persona, sea cual fuere su aparente relación con el hecho punible.Por ello, la presente obra analiza, a la luz de la legislación vigente 'no siempre suficiente- y de la jurisprudencia 'en ocasiones, excesivamente complaciente con prácticas poco respetuosas de aquéllos-, los comportamientos policiales típicos en esta fase inicial de la puesta en marcha del ius puniendi estatal. Se articula en torno a las facetas analítica y estadísticamente más frecuentes que desempeña la Policía Judicial, procurando dejar al margen debates doctrinales, o poco esclarecedores o poco favorecedores de la aludida eficacia policial en un sistema democrático de Derecho.