Los llamados derechos humanos continúan teniendo en la mayoría de los lugares del planeta la condición de aspiraciones morales, más que de capacidades efectivamente ejercidas y garantizadas. Una mirada crítica a la realidad, a las actitudes y conductas de las autoridades y de los ciudadanos, permite detectar sin dificultad en la España de 2012 puntos problemáticos y zonas de sombra en relación con la vigencia efectiva y el cumplimiento de tales derechos ¿igual que sucede en los demás países de la Unión Europea, considerados, sin embargo, y con razón, avanzados en el reconocimiento y puesta en práctica de los derechos humanos¿. Y entre esas áreas problemáticas destaca la situación del colectivo de las personas inmigrantes. Por eso, el problema de las condiciones jurídicas y el trato a las personas inmigrantes es probablemente el más importante de los que se plantean en la actualidad en la sociedad española respecto a los derechos humanos, ya sea atendiendo al número de afectados o a su carácter estructural, y merece, por consiguiente, una cuidadosa consideración, tanto al afrontarlo desde el punto de vista teórico como si se aborda desde la perspectiva de la intervención práctica de las autoridades públicas y la ciudadanía.