La Jurisdicción contencioso-administrativa constituye una jurisdicción especializada directamente destinada al control de la actuación de los Poderes Públicos. Solo esta referencia nos permitiría apuntar la importancia de la misma y la necesidad de que funcione para el conjunto del Estado de Derecho. La publicación en 1998 de una nueva Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa que actualizase el marco jurídico de los años cincuenta inspiró la primera de la Ediciones de este Tratado concebido para integrar la regulación procedimental de carácter especial como la de carácter común representada por la LOPJ y, sobre todo, por la LEC. Los cambios continuos que ha tenido la Ley de 1998, primero, para introducir la reforma de la oficina judicial y, posteriormente, los cambios que tienen por objeto producir una agilización en la tramitación procesal han justificado, por sí solos, la nueva Edición y la reconfiguración del propio Tratado con el fin de cumplir el proceso de actualización y de mantenimiento del marco jurídico procesal del contencioso-administrativo.