En una democracia representativa como la nuestra, la función de juzgar y, por lo tanto, la responsabilidad de decidir las cuestiones que surjan y, en caso de que se suscite una controversia, se encuentra encomendad a uno de los tres poderes del Estado: el Poder Judicial. Así que, en un Estado de Derecho los términos Jurisdicción y Poder Judicial suelen utilizarse indistintamente cuando nos referimos al poder del Estado encargado de administrar justicia; de ahí que, por lo general, hablemos de la función jurisdiccional para aludir a la actividad que desarrollan los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad que constitucionalmente tienen encomendada.