La ciudadanía española es victima del terror, no importa el color de las ideas, y el poder político lo consigue enterrando la Verdad, amparados en la injusticia. Empleando un lenguaje discriminatorio para definir el terrorismo (ETA), respecto de otro que silencia para aplicarlo la justicia y reparación para todas las victimas del terror producidas por el golpe contra el estado, y para con sus hijos y nietos, también rebeldes en sus sentencias militares y delincuentes civiles. Y ello sucede por cuanto, primero, por el poder político se defiende la continuidad constitucional del régimen franquista por herencia; segundo, ese poder es una enfermedad psíquica por ostentar el poder, y por esa razón la clase política no se siente molesta por inventar extrañas identidades ajenas al pensamiento moral y filosófico de los ideales de la democracia y valores humanos, vigentes desde la Revolución Francesa: Solidaridad, Igualdad y Fraternidad. Hombres y mujeres desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial se permiten secuestrar, la soberanía popular, con su Constitución, impidiendo el reconocimiento a las víctimas la aplicación a los hechos el Derecho Internacional, demandado, primero en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Universales (1949), esto es, la derogación de la Ley de Amnistía y la de Memoria Histórica por cuanto nunca fue delito, durante la etapa fascista de este país y ahora, desde su continuidad transicional, los derechos fundamentales a la libre expresión de las ideas, la reunión y asociación, juzgados por el fascismo, primero como rebelión militar (asombroso), luego por el Código Penal (bochornoso). Pero sucede que todavía, mediante un lenguaje perverso y cicatero, se siguen violando hoy en día, por decisiones políticas y judiciales, esos derechos a las victimas que ya lo eran el 17 de julio de 1936, se confirmaron por la ONU en 1949, para toda la población española, menos para los golpistas y sus herederos.