La aprobación, en 1978, de la actual Constitución española, creó un marco político favorable para un replanteamiento de la reorganización territorial de España. El advenimiento de la democracia trajo consigo el reconocimiento político de la diversidad regional de España, en la que empezaron a estar presentes, con diferente fuerza, regionalismos ?y nacionalismos? muy dispares. E igualmente propicio fue el nuevo marco administrativo, que se reflejó en la aceptación generalizada de una progresiva tendencia descentralizadora.