Hablar de derechos y prisiones hoy implica la necesidad de valorar el aumento de la población reclusa y el crecimiento del número de extranjeros en prisión pero, igualmente, el endurecimiento de nuestro Código Penal en la imposición de las penas privativas de libertad, y de las líneas político-criminales que fundamentan su aplicación. Hablar de la necesidad de reforzar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas que sufren la privación de libertad y buscar verdaderas alternativas a su aplicación, plantear la necesaria reinterpretación del concepto de relación especial en el ámbito del régimen y del tratamiento penitenciario, entre otros temas. Todo ello en el marco de una ejecución pragmática, marcada por la consecución de la finalidad constitucional CE, pero desde una perspectiva estrictamente humana, alejada de tintes idealistas y sujetas a las necesidades racionales del Estado de derecho. Con todo ello, creo que podríamos configurar el panorama presente y futuro de la que a pesar de todo es y será la principal consecuencia jurídica derivada de la comisión de actos delictivos.