La reforma de 1984, al disminuir el rigor documental de las medidas cautelares indeterminadas y facilitar su concesión incluso antes del inicio del proceso, ha supuesto un considerable incremento de las mismas, al tiempo que ha suscitado en la práctica judicial problemas de muy difícil solución, entre los que destacan el relativo al carácter meramente conservador o innovador de dichas medidas.