La transparencia en la actuación del Estado es una palabra que se ha puesto de moda, que se utiliza como comodín en muy diversos ámbitos del saber, ciencia política, Derecho, sociología, etc., y que ha adquirido una gran importancia como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías. En la esfera del Derecho público el principio de transparencia implica una determinada manera de proceder de los tres poderes del Estado, y cuando se hace referencia a una Administración transparente, significa una nueva cultura de las relaciones entre el ciudadano y la Administración en la toma de decisiones, con un nuevo estilo de administrar, que debe reforzar la confianza del ciudadano en el sistema democrático, en una época en la que los valores democráticos se encuentran desdibujados, cuando no pervertidos.
El fomento del principio de transparencia en la actuación de los poderes públicos ha sido fuertemente impulsado a través de las normas de Derecho comunitario, especialmente en países de la Unión Europea como España, cuya tradición histórica de conducirse en la esfera pública ha sido favorable al secreto y/u ocultamiento de información. La transparencia se encuentra estrechamente vinculada con la publicidad o espacio público, principios necesarios para la conformación de una opinión pública informada con capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas y jurídicas, tal como ha puesto de relieve J. Habermas, lo que reforzará la posición del ciudadano frente a un Estado cada vez más complejo, lo cual dificulta su visualización. La transparencia administrativa coadyuva al fortalecimiento de los principios democrático y de Estado de Derecho, esenciales para hacer efectivo el derecho a una buena Administración.