La existencia de una desigualdad socio-económica entre un trabajadorautónomo económicamente dependiente (TAED) y su cliente principal,genera una conciencia social proyectada sobre los poderes públicos que persigue proteger al TAED a través de una norma, el Estatuto delTrabajo Autónomo (LETA), que salvaguarda a este colectivo desde elpunto de vista sustantivo y procesal. En este sentido, la protecciónprocesal tiene lugar con una remisión a las normas del proceso laboral (LJS), una solución no baladí, pues de todos es sabido que el proceso laboral nace de una desigualdad socio-económica entre el trabajador y el empresario.Mientras que la dimensión sustantiva ha sido abordada por la doctrinaiuslaboralista, la dimensión procesal permanece aún en el baúl de losrecuerdos, amparada en el hecho de que, a día de hoy, son residualeslos litigios laborales con este centro de imputación objetiva. Sinembargo, en el futuro, todo parece apuntar, se incrementaránexponencialmente y los operadores jurídicos necesitarán contar con uninstrumento para encauzar la problemática que plantea su tratamientoprocesal interno e internacional y ello para evitar hacer oídos sordos ante la internacionalización socioeconómica, la expansióntransnacional de las relaciones laborales y la expansión mundial delsistema de producción capitalista. Nuevos tiempos, nuevos derechos ynuevas pretensiones procesales.