La intervención del Estado en la esfera íntima de la familia ha sido tradicionalmente vista con bastante recelo, precisamente por partir de una concepción de la misma como grupo sociológico dotado de funcionalidad propia y capaz de resolver sus conflictos internos. Por esta razón hasta tiempos relativamente recientes fue común estimar que el conjunto de derechos y deberes que se manifiestan en el seno de la familia era una materia propia del Derecho privado y en coherencia con tal planteamiento, que el Estado no debía intervenir con el instrumento punitivo en caso de violación de los mismos, pues la pena que se impusiera lejos de enmendar el desorden familiar acarrearía nefastas consecuencias.