El planteamiento de reconocer la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia como una nueva rama de la acción pública, configurando su cobertura como un derecho que asiste a las personas, representa la respuesta que en nuestro país ha sido la construcción del Sistema de Atención a la Dependencia a través de la Ley 39/2006, que intenta contribuir a largo plazo a la mejora del sistema de protección social, pero que todavía en su aplicación debe hacer un esfuerzo de realismo, veracidad y transparencia para constituirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar.