Este trabajo aborda la problemática que presenta un modelo de intervención administrativa que se desenvuelve al margen del esquema clásico, basado en un acto administrativo previo que habilita para el ejercicio de una actividad, como puede ser la prestación de servicios. La comunicación previa se considera una herramienta para la puesta en marcha de una relación entre Administración y ciudadanía, de la que se derivan otras consecuencias jurídicas, como los controles posteriores a los que ha de someterse la persona que inicia una actividad o la regulación vinculada al sector en el que se desarrolla aquélla. A partir de esta hipótesis, en la obra se plantean algunas controversias y contradicciones que tienen como eje las razones por las que se implantó la comunicación previa en la legislación, entre la que puede destacarse como más sobresaliente el permanente intento de adelgazamiento de la Administración. Así, se ponen de manifiesto problemas específicos como la huida del Derecho Administrativo, el ejercicio de funciones públicas por particulares, la buena fe y la confianza legítima, la responsabilidad patrimonial de la Administración o las dificultades ligadas al ejercicio de la potestad inspectora.