La innegable peligrosidad de la detentación de armas, tanto para intereses individuales como colectivos, particularmente evidenciada en determinados momentos históricos en los que se produjeron eventos violentos, ha ido trazando las líneas político-criminales del legislador penal español que ha pasado desde un tradicional abstencionismo reflejado en la mayoría de los códigos penales históricos a una regulación sumamente represiva de este tipo de conductas conforme al Código penal vigente de 1995.