En el ámbito de las relaciones laborales, es claro que la actividad empresarial genera múltiples riesgos de producción de daños en los trabajadores, lo que requiere la intervención de los poderes públicos. La obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo aparece recogida como principio rector de la política social y económica en la propia Constitución. En cumplimiento de este mandato constitucional se ha elaborado una normativa en materia de prevención de riesgos laborales ?cuya norma básica es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? que pretende regular las actividades empresariales con mandatos y prohibiciones específicas tendentes a reducir al mínimo los riesgos en el trabajo.