Por un lado, la compleja regulación, a nivel estatal, autonómico y local, en materia urbanística, unida a las en ocasiones problemáticas actuaciones administrativas por parte de los entes locales, hacen necesaria una clarificación que permita salvaguardar adecuadamente los legítimos derechos e intereses de la Iglesia en esta materia; por otro lado, también a nivel intraeclesial resulta conveniente realizar, desde planteamientos litúgicos y pastorales, una redefinición de los criterios a seguir en relación a la edificación de templos nuevos, y en otras cuestiones igualmente problemáticas.