La adquisición de la personalidad jurídica ha sido tradicionalmente un tema muy polémico entre los especialistas, con algunas resoluciones recientes muy controvertidas, pero en los últimos años ha trascendido el terreno del debate puramente técnico, al haber entrado en una verdadera disputa por atribuir el protagonismo de ese momento creador a un determinado trámite constitutivo antes que a otro. El presente trabajo sólo quiere poner de manifiesto que en esa discusión hay unos condicionantes de orden constitucional que no pueden pasar inadvertidos. La Constitución española, y de manera muy significativa la legislación reguladora del derecho de asociación, evidencian que el legislador ordinario no disfruta de una libertad completa en esta materia. Con menos razón aún el aplicador o el mero intérprete de la ley. De esa lectura en clave constitucional cabe deducir conclusiones de especial interés en el ámbito de las sociedades lucrativas y sobre el funcionamiento del Registro Mercantil, como institución fundamental de seguridad jurídica, pero cuyas funciones y controles tampoco deben ser exagerados.