El recurso de casación contencioso-administrativo común se enfrenta a importantes retos en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Desde su previsión en la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha estado exento de polémica. Y es que trata de conjugar la protección de su carácter extraordinario así como su función uniformadora de control de la aplicación e interpretación del ordenamiento por los tribunales de instancia, en garantía de los principios de seguridad jurídica e igualdad de todos los ciudadanos, con el respeto de la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas al servicio de lo cual encontramos su carácter formal. Y precisamente, en base al carácter eminentemente formal del recurso el Tribunal Supremo, con la finalidad de garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones, ha extremado la rigurosidad de los requisitos formales, exigiendo incluso nuevos requisitos no contemplados por la Ley, con lo que al final se dará una doble circunstancia que deberá corregirse: la existencia de diferentes líneas jurisprudenciales, lo cual no encaja bien con la idea uniformadora del ordenamiento que esencialmente define al recurso de casación; y la violación del derecho a la tutela judicial efectiva o derecho a un proceso equitativo, como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esta monografía se proponen vías de solución ante los problemas que plantea la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.