Una de las innovaciones introducidas por nuestro Texto Constitucional vigente que más poderosamente ha llamado la atención es la institucionalización del Defensor del Pueblo. El criterio teleológico al que dicha innovación responde es evidente. El propio legislador constitucional tuvo buen cuidado de dedicar un capítulo, siquiera breve -el cuarto- destinado a las garantías de las libertades y derechos fundamentales consagrados en el resto del título I de nuestra Constitución del que el citado capítulo forma parte.