El nuevo escenario que componen las reformas realizadas o proyectadas en el ámbito de la justicia penal, aconseja abrir un periodo de reflexión sobre el balance resultante, las dudas y las cuestiones todavía pendientes. Los años transcurridos han modificado alguna norma concreta e incluso modulado algunas de las tesis defendidas, sin arrumbar, empero, los criterios básicos que a mi juicio preservan el «debido proceso», las garantías y la tutela de los ciudadanos ante la justicia. Se reúnen en un solo volumen dieciséis trabajos agrupados en siete apartados de otras tantas grandes áreas temáticas, entre las más discutidas a lo largo de los últimos veinte años. Desde los procesos y principios que informan el proceso acusatorio y los derechos y garantías requeridos, hasta las nuevas tendencias que la emergencia de la decisión individual y la negociación abren como marco de una decidida apuesta por una justicia más eficaz, entendida prioritariamente con parámetros de gestión. Pasando por la fase investigadora y su discutida dirección, la posición de la víctima en el proceso o los múltiples aspectos comprendidos en la prueba ilícita, la regla de exclusión o la limitación de los derechos fundamentales. Y acabando con algunos de los mecanismos aceleradores del proceso, la segunda instancia o la indudable influencia de los Tribunales Supranacionales, como intérpretes de Declaraciones y Convenciones Internacionales que delimitan los derechos procesales de los ciudadanos más allá de las fronteras nacionales.