ANTONIO BUJAN FERNANDEZ | Akateeminen Kirjakauppa

El Derecho Romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La relegación que históricamente se ha producido en el estudio del Derecho Público Romano no se justifica, a juicio del autor, en atención a la unidad de la ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano, como ordenamiento global de la comunidad política romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica en el contexto político y socioeconómico en el que nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que depara el estudio de los principios y normas constitucionales, administrativas, penales, fiscales o internacionales que caracterizan a la comunidad romana. La enseñanza del Digesto justinianeo en la Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue la primera universidad europea y contribuye, desde entonces a la conformación de la lógica y el razonamiento jurídico de los estudiantes de las Facultades de Derecho. La principal novedad de esta decimonovena edición consiste en actualización de los temas XVI y XVII, correspondientes a Derecho Administrativo y Derecho Fiscal Romano, que constituyen en sí mismos una singularidad en la romanística europea, así como del índice, y de la bibliografía de los mencionados capítulos. La estructura u organización administrativa, integrada por instituciones, hechos y actividad de esta naturaleza, en el caso de Roma se produce en un nivel de desarrollo semejante a la importancia histórica y al grado de expansión de su comunidad política. El ámbito de la experiencia jurídica romana, en el marco de las provincias, municipios y colonias, que son instituciones creadas en el Derecho Romano, se extiende a las distintas competencias atribuidas a la Administración pública en materia de política económica y financiera, obras públicas, prestación de servicios públicos por sociedades privadas, beneficencia, salud, culto y enseñanza pública, administración penitenciaria, aguas, minas y vías públicas, teatros, anfiteatros y hipódromos públicos, así como al estatuto de las distintas figuras de empleados públicos, la eficacia y validez de los actos administrativos, los arbitrajes de derecho público, o el dominio, la utilidad pública y la expropiación forzosa, entra otras muchas actividades de orden administrativo que se encuadran en el denominado ius publicum.